El Trasfondo de la Publicidad Oficial en Venezuela

Siempre en los países el gobierno de turno trata de dar a conocer las acciones, obras o procesos que llevan a cabo o ya se han ejecutado por parte del poder ejecutivo, Venezuela no escapa de esta realidad es por esa razón que los gobernantes se apoyan en los medios de comunicación visual, impresa o radioeléctrica, la finalidad de este tipo de actividad es mantener la conexión informativa entre la sociedad y los poderes del Estado.

Pero el problema trasciende cuando esta publicidad se mal utiliza llevándola a lograr mayor conocimiento del partido de gobierno, determinados actores políticos o simplemente a lograr mas  aceptación por parte de los ciudadanos, desde el año 1999 cuando comienza el periodo prescindencia del comandante Higo Chávez se ha visto un incremento este tipo de publicidad además con los numerosos procedimientos en contra de las diferentes cadenas televisivas, radiales e impresas deja en ventaja a los medios de comunicación públicos en cuanto a la escogencia para la difusión lo que podría entenderse como una desigualdad entre las partes, también la gran cantidad de este tipo de hechos no se utiliza para la finalidad que están impuestos si no para proselitismo político otorgando ventajas al para entonces presidente y el partido de gobierno.

Es por ello, que en la Ley de Responsabilidad Social en Radio, Televisión y Medios Electrónicos (2011), mejor conocida como Ley RESORTE, en el artículo 10 obliga a los medios de comunicación a transmitir este tipo de programación de forma obligatoria y gratuita, este tema ha sido ampliamente polémico y discutido radicando allí la importancia de la investigación por lo que se plantean como objetivos verificar la regulación jurídica de la propaganda oficial en Venezuela, verificar el derecho a la igualdad entre televisoras públicas y privadas en la escogencia para transmitir propaganda oficial y estudiar la propaganda oficial como herramienta política Nacional.  

La Publicidad Oficial Venezolana a la Deriva

Primeramente la publicidad oficial se concibe como un canal de comunicación entre el Estado y los ciudadanos. Por lo que esta debe ser clara, objetiva, fácil, entendible, útil y relevante para el público a que va dirigida en ella no deben promoverse intereses, de partidos políticos, ni publicidad relacionada con algún ente, organismo, ni funcionario adscrito al gobierno. Es por esa razón, que se hace necesaria su regulación pues deben delimitarse los planos de actuación que tiene la misma.

Aunque en el país existen innumerables leyes en una amplia gama de materias lo referente a la propaganda oficial no tiene la misma suerte tal como lo plantea Yajure (2011)  “En principio, no creo que en Venezuela exista legislación alguna que regule la publicidad oficial, y si la hay, pues ya ven como no me doy cuenta: simplemente no se aplica, no se cumple (s/n)”. Por lo tanto, el autor da entender que efectivamente en no existen leyes que regulen la materia de forma efectiva lo que se convierte en un problema pues se estaría frente a un vacío legal, porque no se tienen los mecanismos necesarios para establecer las directrices a seguir en cuanto a la publicidad oficial.

En este aspecto, es relevante el artículo 10 de la Ley de Responsabilidad Social en Radio, Televisión y Medios Electrónicos (ob cit), en el cual se direcciona a los medios de comunicación la obligatoriedad sobre la emisión de los programas, propagandas, mensajes, etc, ligados al ejecutivo nacional, sea que se orienten a la educación, cultura, deportes o cualquier actividad ligada a al poder público, siendo obligatorio transmitirlos durante diez minutos semanales de forma gratuita.

A parte, de esta medida en la amplia gama legislativa venezolana el aspecto de las comunicaciones ha sido desesperadamente debatido tanto que en la actualidad se considera uno de los más polémicos por los tan sonados cierres de televisoras, emisoras de radio y compras de periódicos, donde muchos coinciden en que la libertad de expresión se está viendo manchada por la sombra oscura de los interés políticos.

Porque aunque son amplias las limitación en cuanto a la manera de informar o lo que se puede dar a conocer por los medios de comunicación llegando muchas veces hasta a la autocensura para no ser sancionados, cuando se trata de informar actividades pro gobierno se tiene carta blanca para hacerlo.

Para este año 2014 se creó la Agencia Venezolana de Publicidad (AVP) que se encuentras adscrita al Ministerio para la Comunicación e Información, esta tiene por objeto la producción, difusión y comercialización de las campañas comunicacionales y publicitarias que sea necesarias por parte de los órganos y entes del Estado,  a nivel nacional e internacional con cobertura en todos los formatos, ella debe aprobar y evaluar todas las pautas publicitarias del Estado, se mantendrá con fondos públicos, siendo un ente centralizado bajo la figura de empresa del Estado.

Adicionalmente, es necesario conocer cuáles serán los criterios para determinar la escogencia de los medios que transmitirán propaganda oficial, y sobre qué bases estará establecida la escogencia, las políticas aplicables como ente regulador, en general con el nacimiento de esta empresa no se estaría solucionando la problemática pues se continua en el limbo jurídico de no regulación de la publicidad oficial.

¿Derecho o Privilegio?

Es importante en esta oportunidad hacer referencia lo sostenido por muchos investigadores quienes plantean que en Venezuela el derecho a la igualdad es directamente violentado al momento de escoger las televisoras que deben trasmitir la publicidad oficial siendo predilectos los pertenecientes al Estado.

En este aspecto, la Sociedad Interamericana de Prensa (2012) aseguro “Mantenemos nuestra profunda preocupación por los países donde existe más discriminación en materia de otorgamiento de publicidad oficial, como Argentina, Bolivia, Ecuador, El Salvador, Nicaragua y Venezuela (s/n)”. según el organismo internacional, en la nación Venezolana no se tiene criterios de objetividad para determinar la escogencia de los medios que puede difundir publicidad oficial pues según otros autores siempre quienes terminan aventajados son los medios públicos, limitando a los medios privados o empleándose como una forma de represión o sanción a los mismos.

En este respecto Cañizàlez (2010) “la asignación de la publicidad oficial en la Venezuela actual parece operar en esa lógica, como garrote, pues se castiga a los medios críticos, y como zanahoria, para premiar a la prensa que es fiel (s/n)”. Es decir, la asignación de este tipo de publicidad se toma como una lotería porque cuando los medios de comunicación expresan opiniones contrarias al gobierno de tuno no le es asignada publicidad oficial o de tenerla le es retirada como medio de castigo.

Es de notar, que esas acciones se han observado en diferentes medios públicos e impresos como es el caso del periódico El Sol  en Maturín que luego de publicar ciertas críticas públicas y opiniones adversas, el gobierno estadal decidió de forma unánime retirar de sus tirajes la publicidad oficial, asimismo ocurrió con El Diario Mayor ubicado en la misma ciudad, que después de un periodista que laboraba para la empresa publicara un comentario en la red social Facebook el gobernador exigió una disculpa mediante carta pública lo que no fue aceptado por los directivos del impreso, en consecuencia se les quito las propagandas de alcaldías y PDVSA, que representaban las principales fuentes de ingreso por lo cual se vieron obligados a cerrar sus puertas terminando así con su distribución.

Como lo han señalado investigadores y organismos nacionales e internacionales entre ellos la Sociedad Interamericana de Prensa (2012) es grande la preocupación sobre los mecanismos sutiles o rudos que emplean los gobiernos entre ellos el venezolano en contra de los medios de comunicación porque ello genera censura previa y autocensura para evitar ser objeto de represalias.

En otras palabras, la concesión de la publicidad oficial es un asunto central en el derecho de estar informado. En la práctica, cuando un gobierno no coloca avisos en determinados medios por su postura crítica, lo que en realidad persiguen es acallar puntos de vista incómodos para el gobierno, con lo cual se desvirtúa el empleo de los fondos públicos porque debe recordarse que los avisos se pagan con dinero de todos­ los ciudadanos recaudados de los impuestos.

En el mismo punto, la Corte Interamericana de los Derechos Humanos establece en la Declaración de Principios de la Libertad de Expresión que:

la asignación arbitraria y discriminatoria de publicidad oficial… con el objetivo de presionar y castigar o premiar y privilegiar a los comunicadores sociales y a los medios de comunicación en función de sus líneas informativas, atenta contra la libertad de expresión y deben estar expresamente prohibidos por la ley (s/n).

Se entiende pues, que para conceder la propaganda oficial debe hacerse de manera equitativa porque con ella se busca es la información de la sociedad sobre los aspectos relevantes del Estado, no estar haciendo proselitismo político, por lo cual se encuentren en acuerdo o desacuerdo los medios de comunicación con el gobierno de turno deberían tener el mismo derecho por informar y lograr este beneficio para sus filas, porque ayudaría a crear mayor credibilidad al Estado sobre todo, pues de lo contrario y atender prioritariamente a los medios públicos se discriminaría d forma flagrante los derechos constitucionales y legalmente establecidos de los comunicadores sociales y del público en general.

Al mismo tiempo, expertos en la materia comunicacional y legislativa en Venezuela opinan que ha influido criterios de política al momento de la designación de la publicidad oficial quedando siempre favorecidos los medios públicos, en ello también ha influido la compra, cierre, intervención y apertura de procedimientos contra medios impresos, televisivos o radioeléctricos de forma reiterada e indiscriminada, por no compartir la matriz de opinión del gobierno de turno.

En este respecto, es importante mencionar las palabras de Andrés Izarra Ministro de Comunicación e Información para el año 2008, quien de forma clara y precisa amenaza a los medios de comunicación en cuanto al otorgamiento de propaganda oficial con las siguientes palabras “durante mi gestión, y mientras el presidente de la República delegue en mí la potestad de administrar los presupuestos del Estado, los medios golpistas no contarán con un solo bolívar del pueblo de Venezuela para publicitar la gestión gubernamental (s/n)”.

Queda entonces abierta la pregunta que encabeza esta parte de la investigación que es la publicidad oficial en Venezuela un derecho o un privilegio, que se gana por estar de acuerdo con las políticas y modo de acción del gobierno de turno con lo que se puede premiar o castigar un medio de comunicación o a sus profesionales, desde todo punto de vista esto va contra las leyes nacionales e internacionales, y no se han visto empleados medidas para combatirlo.

El Problema entre la Información y la Propaganda Política

Entendiendo la publicidad oficial como el conducto comunicacional entre el Estado y los ciudadanos, debiendo ser claro, objetivo, fácil, entendible, útil y relevante que en ella no se debe promover intereses, de partidos políticos, ni publicidad relacionada con entes, organismos, ni funcionarios adscrito al gobierno. Entonces porque en Venezuela cada vez que se acercan las temporadas de elecciones el gobierno despliega de forma más ardua que de costumbre su conocida estrategia para presentar sus logros.

Es así, que el Informe Final de la Misión de Observación Electoral de la Unión Europea (UE) de 2006 asegura: 

El recurso excesivo a varias formas de propaganda institucional (es decir, la publicidad pagada por una institución del Estado, como por ejemplo los ministerios, empresas públicas o autoridades regionales o locales) jugó a favor de la campaña del presidente y candidato Hugo Chávez (s/n).

Entonces, las instituciones públicas dirigen una gran cantidad de sus ingresos a financiar propagandas políticas, más allá de dar a conocer los logros de las mismas tratan de brindar a poyo enalteciendo al Ejecutivo Nacional en los medios de comunicación en su mayoría impresos, que además deben ser públicos porque en los privados donde se critica la forma de gobierno no les son solicitados estos servicios. Estas acciones de empleo de la propaganda oficial de forma excesiva e indiscriminada donde se mal interpreta su finalidad se ve muy acentuada en las campañas electorales venezolanas.

Es de acotar, que en el año 2013 durante la campaña presidencial de Nicolás Maduro aumentaron considerablemente las horas de cadena nacional, propagandas sobre los beneficios que se realizaron en el gobierno de Hugo Chávez, tratando de esta forma de ganar el apoyo de las masas en los comicios electorales, investigadores aseguran que en promedio de treinta y veinte ocho minutos diarios se trasmitían en medios radio eléctricos y televisivos, públicos y privados, a favor del Ejecutivo Nacional, también en esa fecha se acordaron medidas para frenar la campaña electoral de Henrique Capriles porque las instituciones que regulan las telecomunicaciones en Venezuela señalaron que no se prestaba igual apoyo a los candidatos en los medios privados porque se enfocaban mayormente en segundo de ellos, sin atender al apoyo que tenia y aun tiene Nicolás Maduro en los espacios comunicacionales públicos.

De igual manea, una tesis de grado de la Universidad Católica Andrés Bello sobre el tema de la publicidad oficial concluyó que en la región de Guayana al igual que en el resto del país la  publicidad  oficial se confunde con la propaganda política, por ser usada  para  promocionar  la  imagen  de  candidatos del oficialismo y funcionarios desvirtuando su finalidad.

 Dentro de esta perspectiva, la mayoría de las agencias publicitarias que trabajan con el Estado se caracterizan por ser pequeñas y nuevas, han sido creadas para manejar la publicidad oficial, trabajan casi únicamente con cuentas gubernamentales. Llama la atención que estas sociedades no están afiliadas a la Federación Venezolana de Agencias de Publicidad (FEVAP).

Debe señalarse, que extraoficialmente el Estado se encuentra en segundo lugar entre los mayores anunciante en televisión, solo superado por Procter & Gamble, generando una inversión anual aproximada de aproximadamente 93 millones de dólares; este volumen de recursos como se ha enfocado con criterios políticos obviamente logra un impacto en los procesos electorales, tal como se evidenció durante las elecciones del 26 de septiembre de 2010, las campañas presidenciales de 2012 y 2013.

CONCLUSIONES

En Venezuela no existen leyes que regulen la publicidad oficial en los medios de comunicación.

El derecho a la igualdad se ve vulnerado por el Ejecutivo nacional porque se da prioridad a los medios públicos, excluyendo los privados.

En el país el Estado no realiza licitaciones para seleccionar las agencias publicitarias que diseñarán sus campañas.

La publicidad oficial es mal empleada llegando a convertirse en propaganda política.

La asignación o retiro de la propaganda oficial se utiliza por los órganos del Estado como un mecanismo de premio para quienes comparten su matriz de opinión y como castigo para aquellos que difieren de sus políticas.

La Ley de Ley de Responsabilidad Social en Radio, Televisión y Medios Electrónicos (2011) y la Ley Orgánica de Telecomunicaciones (2000) no son suficientes para regular lo referente a publicidad oficial pues sus mecanismos son insuficientes.

                                               Lcdo. José Alejandro Troconis.